Blog de Javier Gimeno

La pandemia que estamos sufriendo está teniendo un enorme impacto sobre la economía y por ende sobre el desempleo. La pandemia cogió a España con una tasa de paro del 14% y posiblemente, en unos meses y con la mayoría de los ERTEs finalizados, el paro vuelva a alcanzar el 20%. Igual que sucedió con la crisis de 2008, las personas más afectadas por el desempleo son aquellas con trabajos temporales. Los más “flexibles” son siempre los primeros en irse a la calle. Al mismo tiempo, la crisis sanitaria está generando enormes necesidades de refuerzo en los servicios públicos. El sector más evidente es el sanitario, donde estamos viendo cómo hay escasez de médicos, enfermeros, rastreadores... Pero también otros sectores como el educativo, donde las administraciones autonómicas se están resistiendo a contratar más personal para hacer frente a la nueva realidad en los colegios e institutos. El sentido común nos diría que en una situación así, lo más razonable sería que las administraciones públ

La crisis del Covid-19 ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la renta básica y el Gobierno ha acordado aprobar un ingreso mínimo garantizado que parece que tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros y beneficiará a un millón de hogares. La cuestión de la renta básica aparece a consecuencia del incremento del desempleo, bien por una cuestión coyuntural (crisis del Covid-19) o estructural (robotización del trabajo). Se asume que no hay trabajo para todos y que por tanto hay que proteger con una renta básica a aquellos que no pueden conseguir un trabajo. Algo razonable pero que parte de una premisa que, no es que sea falsa o cierta, sino que es “política”, que es el hecho de que “no hay trabajo para todos”. Si consideramos que el mercado privado no es capaz de ofrecer un empleo para todos y que por tanto el Estado debe proteger a aquellos que no logran un empleo, podemos pensar una solución alternativa (o complementaria) a la renta básica, que es el trabajo garantizado.

Los resultados preliminares de la encuesta de seroprevalencia que está realizando el Gobierno muestran que en torno al 5% de la población habría pasado el Covid-19. Este resultado creo que permite obtener algunas conclusiones: 1. Que únicamente haya pasado la enfermedad el 5% de la población indica que la estrategia de buscar la inmunidad de grupo no es realista a corto o medio plazo, por lo que sólo queda esperar una vacuna y, mientras tanto, tratar de reducir al máximo los contagios. Además, será importante que se avance en tratamientos que hagan menos agresiva la enfermedad y reduzcan su letalidad. Esto nos lleva a tener que asumir que la cosa va para largo, y que incluso puede ir para muy largo si la vacuna no llega, llega pero no es eficaz o incluso llega pero al cabo de más de dos años. 2. La letalidad es mayor de lo que se podía esperar y en España parece que puede estar en torno al 2% (si consideramos 40 mil fallecidos en lugar de los 30 mil oficiales). Y no cabe olvidar qu

Debido a que la presentación de los datos de hospitalizaciones por CCAA no ha sido homogénea, únicamente es posible analizar 14 CCAA (todas menos Madrid, C. Valenciana y Castilla La Mancha). Si analizamos las hospitalizaciones de las tres últimas semanas, vemos que hace 3 semanas hubo 19.960, hace 2 semanas 13.827 y hace 1 semana 7.862 hospitalizaciones. El descenso del número de hospitalizaciones en dos semanas ha sido por tanto del 60%. Si consideramos que los fallecimientos van aproximadamente una semana con retraso de las hospitalizaciones, podemos predecir los fallecimientos que habrá la próxima semana en base a las hospitalizaciones de la última semana. En estas 14 CCAA, hace 2 semanas hubo 424 fallecimientos de promedio diario y en la última semana ha habido un promedio diario de 309 fallecimientos. Considerando que hubiera 6,5 hospitalizaciones por cada fallecido, esto implicaría que en la próxima semana habrá un promedio diario de 173 fallecimientos, es decir, algo menos

La vivienda en España no solamente es un derecho reconocido en el art. 47 de la Constitución, es también un “valor refugio” donde los rentistas guardan sus ahorros confiando obtener rentabilidades seguras y sin los riesgos del mercado bursátil. Además, es un mercado donde especuladores, sociedades de inversión, bancos, etc. tratan de obtener elevadas rentabilidades. Entre la batería de medidas aprobadas por el Gobierno a consecuencia de esta crisis, se encuentra la posibilidad de que los arrendatarios puedan solicitar un préstamos al banco para poder pagar su alquiler. De esta manera, dice el Gobierno, se ayuda a las personas que no pueden pagar el alquiler y además se asegura que los pequeños propietarios perciban su renta. Y, añade el gobierno, que el 85% de los caseros son pequeños propietarios, aunque eso sí, se define gran propietario como aquel que tiene más de 8 viviendas. Hay que confrontar el discurso de que los caseros en España son personas que también necesitan la

El Gobierno dice que está actuando para salvar a autónomos y pequeñas empresas mediante avales públicos a préstamos bancarios. Es decir, que si un autónomo o pequeña empresa ve reducida su facturación a cero, el ICO le avala para que vaya al banco a endeudarse. Creo que, sobre todo en el caso de los autónomos pero también de algunas pequeñas empresas, es preciso diferenciar entre aquellos que sobre todo tienen gastos laborales y otros que tienen otros costes fijos no laborales. Si un autónomo no factura pero apenas tiene costes fijos no laborales, la prestación de desempleo le puede servir como salvavidas durante los meses que dure la crisis. Probablemente tenga que tirar de ahorros pues con 600 euros no se puede vivir, pero el roto económico que sufra no será excesivo. Diferentes son aquellos negocios, como el comercio o la hostelería, donde muchos autónomos o pequeños empresarios tienen, por lo general, dos gastos importantes además de los laborales. Por un lado, la renta d

El lunes se levanta la restricción a las actividades no esenciales y millones de personas volverán a utilizar el transporte público para ir a trabajar, se concentrarán en oficinas, obras, fábricas… En definitiva, los riesgos de contagio se multiplicarán respecto a estos diez días, y no solamente entre las personas que vayan a trabajar, sino también entre las personas que conviven con ellas. Es decir, que por mucho que una persona esté confinada, si convive con alguien que va a trabajar, igualmente va a estar expuesta al riesgo de contagio. Me sorprende que con todo lo que se habla de coronavirus y con todas las recomendaciones y advertencias que se hacen, apenas se habla de los riesgos que tienen las personas de riesgo que conviven con personas que tienen que ir a trabajar, y que yo sepa no se ha tomado ni una sola medida específica para minimizarlos. Existe, por ejemplo, la posibilidad de reducirse jornada hasta un 100% para el cuidado de menores o personas dependientes, pero no

Hoy el informe diario sobre datos del COVID-19 ha traído una sorpresa. Resulta que los datos que se proporcionaban a nivel nacional sobre ingresos en UCI y hospitalizaciones eran incorrectos. 20 días después de estar proporcionando el número de hospitalizaciones se han dado cuenta del error que estaban cometiendo pues los datos de tres CCAA (Madrid, C. Valenciana y C. La Mancha) expresan el número de hospitalizaciones e ingresos en UCI existentes en ese mismo día mientras que las otras 14 CCAA expresan el número acumulado. Por tanto, la sumatoria de las 17 comunidades es un número incorrecto. Todavía no he salido de mi asombro ante semejante error. ¿Cómo es posible que nadie en el Ministerio de Sanidad ni en ninguna parte hayan advertido semejan error de bulto y que es perfectamente apreciable cuando los datos de hospitalizaciones en Madrid empiezan a ser negativos, algo totalmente imposible si se trata de acumulados? Como mínimo hace una semana se tenían que haber dado cuenta del

Las medidas que ha aprobado el Gobierno probablemente sea la mayor batería de medidas sociales aprobadas por un Gobierno en España, algo especialmente meritorio en un contexto de crisis brutal como este. Unas medidas ambiciosas que me recuerdan al acuerdo presupuestario que Unidas Podemos logró arrancar al PSOE y que motivó, entre otras cosas, la subida del SMI a 900. En este caso, destaca el apoyo a los autónomos, a las trabajadoras del hogar y a las familias vulnerables. Apoyos, sin duda, insuficientes, pero apoyos. ¿Cuándo antes un gobierno, en un contexto de crisis económica, había aprobado una batería de medidas para defender a los más golpeados por la crisis? Era precisamente al revés, las medidas del Gobierno (PSOE o PP) lo que hacían era golpear todavía más a los más vulnerables. Las medidas son claramente insuficientes para abordar todo el impacto de esta crisis. El “escudo social” del que habla Unidas Podemos va a proteger a algunas familias pero no a todas, o al me

La pregunta que mucha gente se hace es cuánto tiempo durará todo esto, cuándo podré volver a salir a la calle y cuándo podré volver a trabajar. Me atrevería a decir que ni los propios expertos que asesoran al Gobierno lo tienen muy claro y que ahora mismo se enfrentan con un dilema. Por un lado, empezar a relajar las medidas en cuanto se descongestionen los hospitales, generando una nueva curva ascendente de contagios pero tratando de controlarla para, a diferencia de esta primera curva, que no colapse el sistema sanitario. Por otro lado, seguir una estrategia más similar a la de China, que sería mantener medidas drásticas hasta tener del todo controlado al virus, y hasta no tener prácticamente cero contagiados no levantar el confinamiento, sobre todo para prevenir que se vuelva a descontrolar la curva y volver al punto de inicio, haciendo inútil todos los esfuerzos de estas semanas. El dilema no es sencillo una vez paralizada toda la actividad no esencial y habiendo establecido

El sábado 13 de marzo Pedro Sánchez anunció el estado de alarma, confinando a los ciudadanos en sus hogares y limitando la salida al exterior a actividades muy básicas, como ir a comprar comida o al médico. Sin embargo, de forma incomprensible para muchos, no detuvo la actividad productiva no esencial, excepto aquellas actividades que generaban más riesgo de contagio, como los colegios, la hostelería o buena parte del comercio. Sin embargo, la industria, las oficinas, la construcción, etc. pudieron seguir funcionando. Es cierto que se pidió priorizar el teletrabajo, pero eso no impidió que el lunes millones de personas tuvieran que ir a trabajar para llevar a cabo actividades no esenciales. Algo que han estado haciendo durante dos semanas, hasta que finalmente se ha decretado también su suspensión. Vamos a dejar al margen los errores de previsión previos al 13 de marzo. Pero el 13 de marzo había información suficiente para haber tomado la medida más drástica posible de confinamie

Estos días me resulta complicado valorar la situación económica considerando el enorme drama humanitario que estamos viviendo y, sobre todo, que nos queda por vivir. Aún así, me gustaría hacer una reflexión en torno al impacto económico que vamos a sufrir y lo desigual que va a resultar para las personas. Desde el momento que se decretó el estado de alarma, ha habido personas que han visto caer sus ingresos de forma muy importante. En el caso de los trabajadores temporales, muchos han perdido su empleo y se han ido al paro, siendo casi imposible que vayan a encontrar trabajo en los próximos meses. En el caso de los trabajadores afectados por un ERTE, su caída de ingresos va a ser del 30%. Sin embargo, los peor parados van a ser sin duda aquellos autónomos y pequeños empresarios que no solamente van a ver caer a cero sus ingresos sino que además van a tener que seguir soportando importantes gastos. Es cierto que la prestación para parados y la previsible suspensión del pago de la