La crisis del Covid-19 ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la renta básica y el Gobierno ha acordado aprobar un ingreso mínimo garantizado que parece que tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros y beneficiará a un millón de hogares.
La cuestión de la renta básica aparece a consecuencia del incremento del desempleo, bien por una cuestión coyuntural (crisis del Covid-19) o estructural (robotización del trabajo). Se asume que no hay trabajo para todos y que por tanto hay que proteger con una renta básica a aquellos que no pueden conseguir un trabajo. Algo razonable pero que parte de una premisa que, no es que sea falsa o cierta, sino que es “política”, que es el hecho de que “no hay trabajo para todos”.
Si consideramos que el mercado privado no es capaz de ofrecer un empleo para todos y que por tanto el Estado debe proteger a aquellos que no logran un empleo, podemos pensar una solución alternativa (o complementaria) a la renta básica, que es el trabajo garantizado. Es decir, que si el mercado privado no ofrece un puesto de trabajo, que lo ofrezca el Estado. Puesto que asumimos que el Estado tiene que garantizar la subsistencia de aquellos que no tienen trabajo, parece más razonable hacerlo mediante un empleo que mediante un subsidido en aquellos casos en los que las personas tienen capacidad para trabajar pero no encuentran un empleo.
Además hay que tener en cuenta la enorme cantidad de necesidades sociales que están sin cubrir y que podrían ser cubiertas con trabajadores contratados. Por ejemplo, atención a la dependencia y a las personas mayores, reforma de vivienda para hacerlas más eficientes energéticamente o cuidado de niños para favorecer la conciliación. Si hay necesidades sociales sin cubrir y personas sin trabajo, parece más razonable que estas personas en lugar de un subsidio reciban un salario y sean empleadas en atender estas necesidades sociales.
Uno de los argumentos que se ofrecen para defender el ingreso mínimo vital es que reactivan la economía puesto que permite aumentar el consumo de las personas que lo reciben. Esto es cierto, pero mucho más cierto lo es en el caso de destinar el dinero a generar actividades económicas remuneradas ya que no solamente las personas contratadas pueden consumir más, sino que además la propia actividad económica genera en sí más actividad. Por ejemplo, si consideramos la rehabilitación de vivienda, esa actividad genera empleo indirecto en la fabricación y comercialización de los bienes necesarios (maquinaria, materia primas…).
Se dice que el Ingreso Mínimo Vital va a costar 3 mil millones de euros y va a beneficiar a un millón de hogares (una simple división nos dice que “toca” a tres mil euros al año por hogar, es decir, 250 euros al mes). Sin embargo, si estos 3.000 millones se destinaran a salarios para poner en marcha actividades económicas y se considerase un coste laboral de 30.000 euros por trabajador y año (un salario de unos 1.200 euros al mes), se podrían contratar a 100.000 personas directamente, lo que a su vez crearía otros empleos indirectos. Pero no solo se crearían empleos sino que se atenderían necesidades sociales que beneficiarían al conjunto de la población, por lo que la mayoría de la población vería con muy buenos ojos destinar dinero público a este propósito. Por ejemplo, si se rehabilitara o construyera vivienda, cientos de miles de familias podrían acceder a una vivienda a un precio asequible. Si se atendiera el cuidado de personas dependientes, mayores o niños, cientos de miles de personas (sobre todo mujeres) mejorarían notablemente sus posibilidades de conciliación. Y así con otros muchos ejemplos que se podrían poner. Además de que estos empleos estarían cotizando a la seguridad social y contribuirían al pago de las pensiones.
Estoy a favor de que se apruebe un ingreso mínimo vital para atender a la gente que carece de recursos. Y no se trata de tener que elegir entre un modelo u otro pues considero que en cualquier caso hay que garantizar una renta básica a todo el mundo y que por tanto ambos modelos son complementarios. Pero sí entiendo que no es casualidad que se ponga el énfasis en dar subsidios pero se rechace el debate de que sea el Estado el que tenga un papel económico más activo, creando empleo y atendiendo las necesidades sociales.
Nos quieren convencer de que el desempleo es algo que depende de los ciclos económicos del capitalismo y que el Estado lo único que puede hacer es mitigar sus consecuencias sociales. Pero no es cierto, el Estado puede tener un rol económico mucho más activo que reduzca el peso de los ciclos económicos y que contribuya a reorientar la economía a aquellos sectores socialmente más necesarios.
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