Blog de Javier Gimeno

La crisis del Covid-19 ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la renta básica y el Gobierno ha acordado aprobar un ingreso mínimo garantizado que parece que tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros y beneficiará a un millón de hogares. La cuestión de la renta básica aparece a consecuencia del incremento del desempleo, bien por una cuestión coyuntural (crisis del Covid-19) o estructural (robotización del trabajo). Se asume que no hay trabajo para todos y que por tanto hay que proteger con una renta básica a aquellos que no pueden conseguir un trabajo. Algo razonable pero que parte de una premisa que, no es que sea falsa o cierta, sino que es “política”, que es el hecho de que “no hay trabajo para todos”. Si consideramos que el mercado privado no es capaz de ofrecer un empleo para todos y que por tanto el Estado debe proteger a aquellos que no logran un empleo, podemos pensar una solución alternativa (o complementaria) a la renta básica, que es el trabajo garantizado.

Los resultados preliminares de la encuesta de seroprevalencia que está realizando el Gobierno muestran que en torno al 5% de la población habría pasado el Covid-19. Este resultado creo que permite obtener algunas conclusiones: 1. Que únicamente haya pasado la enfermedad el 5% de la población indica que la estrategia de buscar la inmunidad de grupo no es realista a corto o medio plazo, por lo que sólo queda esperar una vacuna y, mientras tanto, tratar de reducir al máximo los contagios. Además, será importante que se avance en tratamientos que hagan menos agresiva la enfermedad y reduzcan su letalidad. Esto nos lleva a tener que asumir que la cosa va para largo, y que incluso puede ir para muy largo si la vacuna no llega, llega pero no es eficaz o incluso llega pero al cabo de más de dos años. 2. La letalidad es mayor de lo que se podía esperar y en España parece que puede estar en torno al 2% (si consideramos 40 mil fallecidos en lugar de los 30 mil oficiales). Y no cabe olvidar qu