La pandemia que estamos sufriendo está teniendo un enorme impacto sobre la economía y por ende sobre el desempleo. La pandemia cogió a España con una tasa de paro del 14% y posiblemente, en unos meses y con la mayoría de los ERTEs finalizados, el paro vuelva a alcanzar el 20%. Igual que sucedió con la crisis de 2008, las personas más afectadas por el desempleo son aquellas con trabajos temporales. Los más “flexibles” son siempre los primeros en irse a la calle. Al mismo tiempo, la crisis sanitaria está generando enormes necesidades de refuerzo en los servicios públicos. El sector más evidente es el sanitario, donde estamos viendo cómo hay escasez de médicos, enfermeros, rastreadores... Pero también otros sectores como el educativo, donde las administraciones autonómicas se están resistiendo a contratar más personal para hacer frente a la nueva realidad en los colegios e institutos. El sentido común nos diría que en una situación así, lo más razonable sería que las administraciones públ
La crisis del Covid-19 ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la renta básica y el Gobierno ha acordado aprobar un ingreso mínimo garantizado que parece que tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros y beneficiará a un millón de hogares. La cuestión de la renta básica aparece a consecuencia del incremento del desempleo, bien por una cuestión coyuntural (crisis del Covid-19) o estructural (robotización del trabajo). Se asume que no hay trabajo para todos y que por tanto hay que proteger con una renta básica a aquellos que no pueden conseguir un trabajo. Algo razonable pero que parte de una premisa que, no es que sea falsa o cierta, sino que es “política”, que es el hecho de que “no hay trabajo para todos”. Si consideramos que el mercado privado no es capaz de ofrecer un empleo para todos y que por tanto el Estado debe proteger a aquellos que no logran un empleo, podemos pensar una solución alternativa (o complementaria) a la renta básica, que es el trabajo garantizado.