El Gobierno dice que está
actuando para salvar a autónomos y pequeñas empresas mediante avales públicos a
préstamos bancarios. Es decir, que si un autónomo o pequeña empresa ve reducida
su facturación a cero, el ICO le avala para que vaya al banco a endeudarse.
Creo que, sobre todo en el caso
de los autónomos pero también de algunas pequeñas empresas, es preciso
diferenciar entre aquellos que sobre todo tienen gastos laborales y otros que
tienen otros costes fijos no laborales. Si un autónomo no factura pero apenas
tiene costes fijos no laborales, la prestación de desempleo le puede servir
como salvavidas durante los meses que dure la crisis. Probablemente tenga que
tirar de ahorros pues con 600 euros no se puede vivir, pero el roto económico
que sufra no será excesivo.
Diferentes son aquellos negocios,
como el comercio o la hostelería, donde muchos autónomos o pequeños empresarios
tienen, por lo general, dos gastos importantes además de los laborales. Por un
lado, la renta del alquiler, que en este país suele ser un gasto muy
importante. Por otro lado, un crédito bancario, generalmente adquirido para
hacer frente a la inversión inicial para la puesta en marcha del negocio
(traspaso, reforma del local, compra de maquinaria…). En estos casos, es fácil
que estos autónomos tengan unos gastos fijos que perfectamente puedan alcanzar
los dos mil euros. ¿Qué ofrece el Gobierno a estos autónomos? Que vayan al
banco, pidan un préstamo y se endeuden todavía más pero con el aval del Estado.
De esta manera, van a poder pagar la renta del alquiler y el crédito bancario,
por lo que el Estado más que salvar al autónomo estaría salvando al propietario
del local y al banco, que además hace doblemente negocio con un nuevo préstamos
que encima solo tiene un 20% de riesgo (el 80% lo asume el ICO).
¿Qué alternativa habría para
ayudar a estos autónomos y pymes? Darles ayudas directas para que paguen sus
alquileres y préstamos desde luego que no, porque serían necesarios miles de
millones de euros y supondría un gasto enorme de dinero público para que
propietarios de locales y bancos cobraran puntualmente sus recibos. Sería mucho
más sencillo y justo decretar una moratoria en los créditos bancarios de estos
autónomos y una suspensión temporal de los alquileres durante los meses que
estos negocios no puedan funcionar. El 99% de los propietarios de locales no va
a pasar hambre por no cobrar unos pocos meses su alquiler (y si alguno
realmente lo necesita, que el Estado habilite ayudas para estos casos). Y los
bancos tampoco sufrirían mucho por una moratoria (que no impago) de estos
créditos, simplemente se retrasaría unos pocos meses su cobro, algo que no es
problema para ellos pues tienen dinero al 0% que les ofrece el BCE. Pero claro,
es menos lucrativo que dar nuevos préstamos con un determinado tipo de interés
y encima vinculados a la contratación de otros productos bancarios.
En definitiva, es posible y
necesario rescatar a autónomos y pymes. Y es posible hacerlo de una manera
socialmente justa y redistribuyendo los costes de la crisis entre aquellos que
mejor lo pueden soportar. Pero claro, eso implicaría tocar los intereses de los
propietarios de inmuebles y de los bancos, que son la base del actual régimen.
Y no parece que este gobierno dirigido en su política económica por Nadia
Calviño vaya a atentar lo más mínimo contra los intereses de la oligarquía.
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