La vivienda en España no
solamente es un derecho reconocido en el art. 47 de la Constitución, es también
un “valor refugio” donde los rentistas guardan sus ahorros confiando obtener
rentabilidades seguras y sin los riesgos del mercado bursátil. Además, es un
mercado donde especuladores, sociedades de inversión, bancos, etc. tratan de
obtener elevadas rentabilidades.
Entre la batería de medidas
aprobadas por el Gobierno a consecuencia de esta crisis, se encuentra la
posibilidad de que los arrendatarios puedan solicitar un préstamos al banco para
poder pagar su alquiler. De esta manera, dice el Gobierno, se ayuda a las personas
que no pueden pagar el alquiler y además se asegura que los pequeños
propietarios perciban su renta. Y, añade el gobierno, que el 85% de los caseros
son pequeños propietarios, aunque eso sí, se define gran propietario como aquel
que tiene más de 8 viviendas.
Hay que confrontar el discurso de que los
caseros en España son personas que también necesitan la renta de sus alquileres
para poder vivir. No es así, al menos en la mayoría de los casos. Los caseros
son por lo general personas con un nivel de ingresos y de patrimonio medio-alto
o alto que no necesitan la renta del alquiler para llegar a fin de mes.
No existen datos públicos sobre
el perfil del propietario de vivienda aunque sin duda el Gobierno los puede
tener ya que los alquileres quedan registrados con el DNI del arrendador en la
declaración de la renta. Sin embargo, algunos datos existen y estos datos
demuestran que no es muy cierto eso que está diciendo ahora el Gobierno de que
el 85% de los caseros son “pequeños propietarios”, claro, salvo que
consideremos al que tiene 4 o 5 pisos alquilados como “pequeño propietario”.
Según el informe Infocasa 2018-2019,
en torno al 4% de la población mayor de 18 años es propietaria de 3 o más
viviendas. De ellos, el 71% al menos alquila una de ellas, lo que supone que hay en torno a 1.051.000 propietarios
de 3 o más viviendas que al menos una la tienen en alquiler. Por el contrario,
los caseros que únicamente poseen una o dos viviendas en propiedad, incluyendo
su residencia principal, suponen 770.000. Si consideramos que hay 3.188.000
hogares viviendo de alquiler, es fácil deducir que únicamente 770.000 de ellos
tienen un pequeño propietario (1 o 2 viviendas de alquiler), es decir, el 24%.
El 76% de los hogares que viven de alquiler restante tienen como casero a un
propietario de 3 o más viviendas, incluyendo aquí los bancos y sociedades de
inversión que poseen el 3% de las viviendas en alquiler.
Vamos a comparar ahora la riqueza
neta de los hogares que viven de alquiler con la de los hogares que tienen
vivienda en propiedad (la inmensa mayoría una sola vivienda). Esta comparación
nos permitirá apreciar la enorme vulnerabilidad económica que tienen los
hogares que viven de alquiler, por lo que es muy poco honesto poner al mismo
nivel de necesidad de protección a inquilinos y caseros. Según la Encuesta
financiera de familias, que elabora el Banco de España, la riqueza neta de los
hogares que poseen en propiedad su vivienda fue de 315.900 euros (la riqueza
mediana fue de 160.200 euros), mientras que la de los hogares que viven de
alquiler fue de 55.000 euros (la riqueza mediana fue de 2.400 euros). Es decir,
que la mitad más pobre de los hogares que viven de alquiler tienen una riqueza neta
de menos de 2.400 euros, mientras que la mitad más rica de los hogares que son
propietarios de una vivienda (que es donde se encuentran la mayoría de los
caseros) tienen una riqueza neta de más de 160.200 euros, es decir, 67 veces
mayor. Pero si consideramos que la riqueza media de los hogares con vivienda en
propiedad es de 315.900 euros, seguramente la mayoría de propietarios de 3 o
más viviendas tengan una riqueza neta superior a esos 315.900 euros.
En una situación de fuerte crisis
económica como la que estamos sufriendo y vamos a sufrir, con un desempleo que
seguramente vaya a superar el 20% o incluso el 25% en los próximos meses, no
podemos repetir lo que sucedió en la crisis de 2008, donde millones de familias
fueron duramente golpeadas por el paro, la precariedad e incluso los desahucios
de sus viviendas.
Ahora bien, si queremos evitar
repetir la historia, no podemos plantear como solución conceder préstamos a las
familias vulnerables para que puedan pagar unos alquileres muy elevados
producto de la especulación. Ni es justo que se tenga que endeudar la familia
que ha perdido su trabajo ni es justo que con dinero público se asuma el pago
de alquileres elevados. Debemos exigir al Gobierno que por una vez sean los
caseros, los rentistas, los que asuman parte del coste de esta crisis y pierdan
una parte de sus ingresos.
A la hora de plantear una medida
como la suspensión del pago de alquileres durante un determinado número de
meses habría que considerar la situación de aquellos propietarios que realmente
necesiten el dinero para llegar a fin de mes, y estos propietarios deberían ser
compensados por el Estado. Pero la gran mayoría debería asumir una reducción
notable de sus ingresos puesto que son la parte de la sociedad que más se lo
puede permitir. Se pueden permitir este “sacrificio” sin que su nivel de vida
se vea apenas alterado.
Cargar sobre los propietarios de
viviendas en alquiler una parte del coste de la crisis, además de ser
socialmente justo y de tener un efecto redistribuidor de la riqueza, tendría el
efecto muy positivo de desincentivar la vivienda como mercancía. Si el inversor
percibe que la vivienda ya no es un valor tan seguro y que el Gobierno ya no va
a defender siempre los intereses de sus propietarios, buscará otras mercancías
con las que especular y por tanto el precio de la vivienda bajará.
Qué duda cabe que aunque este
análisis se ha realizado con la vivienda de alquiler, exactamente lo mismo
podría decirse de los locales alquilados por autónomos y pequeñas empresas. Una
de las grandes barreras para montar un negocio en nuestro país es el coste de
alquilar un local. Eximir del pago de la renta de alquiler a autónomos y
pequeños empresarios sería un enorme alivio en estos momentos. Mucho mejor solución que la de tener que ir al banco a pedir un préstamo ICO que tendrá que devolver con intereses en un contexto de enorme incertidumbre.
De momento, sin embargo, el Gobierno
ha optado como solución que familias vulnerables y autónomos se endeuden para
pagar sus rentas y proteger así a los propietarios. Espero que poco a poco la
presión social haga que cambie sus prioridades y termine por
promover medidas más justas y redistributivas, como la suspensión temporal del
pago de los alquileres o la regulación del precio de los alquileres.
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