La pandemia que estamos sufriendo está teniendo un enorme impacto sobre la economía y por ende sobre el desempleo. La pandemia cogió a España con una tasa de paro del 14% y posiblemente, en unos meses y con la mayoría de los ERTEs finalizados, el paro vuelva a alcanzar el 20%. Igual que sucedió con la crisis de 2008, las personas más afectadas por el desempleo son aquellas con trabajos temporales. Los más “flexibles” son siempre los primeros en irse a la calle.
Al mismo tiempo, la crisis sanitaria está generando enormes necesidades de refuerzo en los servicios públicos. El sector más evidente es el sanitario, donde estamos viendo cómo hay escasez de médicos, enfermeros, rastreadores... Pero también otros sectores como el educativo, donde las administraciones autonómicas se están resistiendo a contratar más personal para hacer frente a la nueva realidad en los colegios e institutos.
El sentido común nos diría que en una situación así, lo más razonable sería que las administraciones públicas estuvieran contratando personal para reforzar los servicios públicos y así hacer frente de la mejor manera posible a la pandemia. En los colegios, por ejemplo, más personal (profesorado, trabajadores de limpieza, etc.) implica poder tomar mejores medidas de prevención de contagios, tanto dentro del aula como entre aulas. No basta con hacer protocolos que son muy seguros sobre el papel pero imposibles de llevar a la práctica con los medios realmente existentes.
Otro ejemplo sería el de los comedores escolares, un espacio donde previsiblemente en muchos colegios se junten diferentes aulas “burbuja” y por tanto haya riesgo de que haya transmisión entre las mismas. Si se mejora el ratio de las monitoras, será más factible prevenir esta transmisión entre grupos burbuja. ¿Llamará el Gobierno de Aragón a todas las monitorias para que se incorporan a su puesto de trabajo o dejará a una parte importante de ellas en el desempleo? Parece más racional destinar el dinero público a pagar salarios que reduzcan los riesgos de contagio en los comedores que a pagar prestaciones por desempleo. El gasto público no es mucho mayor y toda la sociedad gana.
En definitiva, la pandemia ha vuelto a poner en evidencia que es mucho más razonable destinar el dinero público a pagar salarios a trabajadores empleados en servicios públicos antes que a pagar a estas mismas personas prestaciones por desempleo, ayudas sociales, etc. Y, en este caso, incluso desde un punto de vista “económico” es mucho más razonable puesto que mientras no se controlen los contagios, la economía no se recuperará y por tanto las administraciones públicas no recuperarán sus niveles de ingresos previos a esta crisis.
Sin embargo, en esta crisis no se está hablando de trabajo garantizado, igual que tampoco se está hablando de reducción de la jornada de trabajo. Una reducción de jornada que permitiría repartir el trabajo existente y además pudiendo conciliar mejor con las tareas de cuidados, algo fundamental en el contexto actual.
Necesitamos un cambio de paradigma en la gestión pública. No podemos mantener las recetas neoliberales de austeridad que tanto daño han hecho a nuestro país. El dinero público debe destinarse a contratar trabajadores que atiendan las necesidades sociales. Toda la sociedad en su conjunto se beneficiaría de esta forma de gestionar el dinero público. Sin embargo, el debate ni siquiera está sobre la mesa.
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